Ley de Acceso a la Profesión
La Ley 34/2006 de 30 de octubre regula el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Esta regulación emana de la propia Constitución española, que establece que “estos profesionales son colaboradores fundamentales en la impartición de justicia, y la calidad del servicio que prestan redunda directamente en la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución garantiza a la ciudadanía”.
Además, a través del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley 34/2006. El objetivo principal de este Reglamento es mejorar la capacitación profesional de abogados y procuradores como colaboradores relevantes de la administración de justicia con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento, una defensa jurídica y una representación técnica de calidad como elementos esenciales para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
